La reducción de la jornada laboral en el comercio
Análisis de las repercusiones y aspectos relevantes de la reforma
La reciente propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales –que será nuevamente debatida entre el Estado y los agentes sociales este lunes 1 de julio- ha generado un intenso debate en nuestro país, particularmente en el sector del comercio. Esta medida trae consigo una serie de argumentos tanto a favor como en contra que merecen ser considerados en profundidad.
Sin querer entrar en la componente política e ideológica que se la dejamos a los políticos, trataremos de hacer una análisis lo más aséptico posible valorando pros y contras de la medida con altura de miras.
Dentro de los impactos positivos que tiene la medida debemos valorar:
1. Mejora del bienestar y productividad de los trabajadores: Una de las principales ventajas de la reducción de la jornada laboral es el potencial aumento en la calidad de vida de los trabajadores. Con menos horas de trabajo, los empleados pueden disponer de más tiempo para su vida personal, lo que puede traducirse en un mayor equilibrio entre trabajo y vida privada, menor estrés y agotamiento, pudiendo conciliar mejor y logando una mayor motivación y eficiencia en los trabajadores.
2. Creación de empleo: Otra posible ventaja es la creación de nuevos puestos de trabajo. Al reducir las horas de trabajo, las empresas podrían necesitar contratar más personal para cubrir el mismo número de horas totales de operación. Esto podría ser especialmente beneficioso en un contexto de alta tasa de desempleo, proporcionando oportunidades laborales adicionales y contribuyendo a un mayor dinamismo del mercado laboral.
3. Alineación con las tendencias laborales europeas: La reducción de la jornada laboral se alinea con las tendencias laborales en otros países, como Japón, Francia o Alemania, donde se han implementado jornadas laborales más cortas con diversos grados de éxito. Adaptarse a estas normativas puede posicionar mejor a España dentro del contexto europeo, promoviendo estándares laborales más elevados y competitivos.
4. Fomento de la innovación y eficiencia: La necesidad de adaptarse a una jornada laboral reducida podría impulsar a las empresas a innovar y buscar maneras más eficientes de operar. Esto podría incluir la adopción de tecnologías digitales, la mejora de procesos internos y la optimización de la gestión del tiempo y los recursos humanos. A largo plazo, estos cambios podrían fortalecer la resiliencia y competitividad del sector comercial.
Dentro de los impactos negativos que tiene la implementación de esta medida debemos valorar:
1. Aumento de costes para las empresas: Uno de los argumentos más fuertes en contra de la reducción de la jornada laboral es el aumento de los costos operativos para las empresas. La Confederación Española de Comercio (CEC) estima que esta medida costará al sector hasta 3.866 millones de euros. Para las PYMEs, que ya operan con márgenes muy ajustados, este incremento puede ser insostenible. La necesidad de contratar personal adicional para cubrir las horas reducidas, junto con el mantenimiento de los salarios, puede resultar en una carga financiera muy significativa.
2. Pérdida de competencia: La reducción de la jornada laboral afectaría negativamente a la competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online. Estas plataformas, muchas de las cuales operan bajo regulaciones más laxas y radican en paraísos fiscales, no se verán igualmente afectadas por esta medida. Se ampliará la brecha competitiva y pondrá en desventaja a los pequeños comercios que dependen de la presencia física y la atención personalizada al cliente.
3. Disminución de la productividad total: Aunque se argumenta que los trabajadores pueden ser más productivos en jornadas más cortas, hay un riesgo real de que la productividad total del sector disminuya. En un sector como el comercio minorista, donde la atención física y presencial, así como las horas de operación son cruciales, la reducción de horas lleva a una menor disponibilidad de servicios para los consumidores. Esto podría traducirse en una reducción de las ventas y consecuentemente una menor contribución al PIB.
4. Desafíos de implementación y flexibilidad: La estructura del sector del comercio en España, caracterizada por una alta proporción de empresas unipersonales y PYMEs con pocos empleados, presenta desafíos específicos para la implementación de una reducción de la jornada laboral. La capacidad de estas empresas para gestionar y adaptar sus turnos de trabajo es muy limitada, y muchas no tienen la flexibilidad ni los recursos necesarios para ajustar sus operaciones sin sufrir pérdidas significativas.
5. Impacto negativo en zonas rurales: Fuera de las grandes áreas comerciales y de los núcleos poblacionales principales en todo nuestro país también existe un importante tejido comercial con márgenes más reducidos y que en muchos casos realizan una importante labor social. Reducir la jornada laboral tendría efectos más perjudiciales, aumentando costes operativos, imposibilitando contratación laboral adicional, llevando al cierre a muchos establecimientos que repercutiría incluso en un declive económico en áreas rurales y facilitaría la despoblación de esas zonas. Hay que considerar ayudas y exenciones específicas para esos autónomos y comercios en zonas rurales para su desaparición.
Las propuestas y recomendaciones principales que desde los sectores comerciales y empresariales se hacen a esa propuesta del Gobierno son las siguientes:
1. Políticas de compensación: Para contribuir a mitigar los efectos negativos, se podrían implementar políticas de reducción de costos no salariales, como una disminución en las cotizaciones sociales. Esto ayudaría a las empresas a soportar el aumento de los costos laborales sin tener que trasladarlos directamente al bolsillo de los consumidores o reducir su plantilla.
2. Flexibilidad en la jornada laboral: Permitir una mayor flexibilidad en el cómputo de la jornada laboral a nivel anual en lugar de semanal podría ayudar a las empresas a gestionar mejor sus recursos. Esto incluye la posibilidad de modificar hasta un 10% de la jornada anual con suficiente antelación y la regulación de contratos a tiempo parcial con horas complementarias.
3. Fomento de la digitalización: Apoyar la transformación digital del comercio minorista, especialmente del comercio de proximidad, puede mejorar su competitividad frente a las grandes plataformas online. Esto incluye subvenciones para la adopción de tecnologías digitales y formación en habilidades digitales para los empleados y autónomos.
4. Incentivos para la formación continua: Promover la formación continua para mejorar el capital humano en el sector es crucial. Programas de formación que aumenten la eficiencia y el valor añadido de los servicios prestados pueden ayudar a compensar la reducción de la jornada laboral y mejorar la competitividad del sector.
5. Diálogo social y participación de los interlocutores: Es esencial que cualquier reforma laboral se realice a través de un gran diálogo inclusivo con todos los interlocutores sociales. La participación de representantes de los trabajadores y empleadores en la negociación de los términos y condiciones de la reducción de la jornada laboral garantizará que se consideren todas las realidades sectoriales y se eviten impactos desproporcionados. Siempre será mejor que un plan impuesto por el gobierno sin consenso y con una visión sesgada de la realidad empresarial y comercial del nuestro país.
La reducción de la jornada laboral en el comercio minorista español es una medida que, aunque presenta beneficios potenciales en términos de bienestar de los trabajadores y creación de empleo, también conlleva importantísimos riesgos significativos para la competitividad y viabilidad económica del sector comercial, ya que la aplicación indiscriminada de esta media puede tener grandes perjuicios para la economía.
Un enfoque equilibrado que incluya políticas de compensación, flexibilidad en la implementación, fomento de la digitalización y una fuerte participación de los interlocutores sociales será crucial para asegurar que esta reforma beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas y autónomos, sin poner en peligro la sostenibilidad y supervivencia de nuestro comercio de proximidad.
Antonio Luis González Núñez
Presidente de Fedeco Canarias