Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con la implantación en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife de una Plataforma Comercial de origen chino en la que se incorporarán al tejido económico de la isla al menos 400 empresas de diferentes sectores en una superficie aproximada de 300.000m2, queremos desde la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias compuesta por las principales asociaciones de empresarios y comerciantes, sectoriales y zonales de la provincia de Tenerife, manifestar lo siguiente:
1. Mostrar nuestro más absoluto rechazo a la puesta en marcha de esta acción comercial al suponer el inicio de esta actividad el fin de las Pequeñas y Medianas Empresas de Santa Cruz de Tenerife y Área Metropolitana.
2. La falta de sensibilidad por parte de la Presidencia de la Autoridad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife hacia los comercios al no realizar consulta previa alguna sobre este particular con las diferentes asociaciones que nos encontramos en esta área.
3. Llamar la atención sobre la pasividad de las Instituciones sobre este asunto después de ser conocido, ya hace varios días a través de la prensa. No ha existido ningún tipo de posicionamiento ante esta gravísima acción comercial.
4. Manifestar el desprecio más absoluto de la Autoridad Portuaria hacia la Patronal del comercio de la provincia y por ende de sus asociados, y las Instituciones locales e insulares al presentar en los medios de comunicación este asunto antes de realizar una comunicación oficial en los diferentes estamentos.
5. Denunciar la exigua creación de puestos de trabajo que se crearán y la precariedad laboral a la que estarán sometidos los empleados que pasen a formar parte de la plantilla de esas empresas.
6. Aclarar que esta plataforma gozará de importantes ventajas fiscales al estar instalada dentro de la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Zona Franca, suponiendo un agravio comparativo y competencia desleal con respecto al resto del comercio.
7. Solicitamos a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias que intervenga ante este despropósito comercial que supone un menoscabo para el tejido económico.
8. Así mismo, queremos que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, se comprometan en la defensa efectiva del comercio minorista de la isla, y por extensión de toda la Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos en nombre de las asociaciones de empresarios y comerciantes que forman parte de la Federación:
Que nos expliquen en qué consiste exactamente el proyecto.
Según las informaciones publicadas en prensa se especifica que los turistas son los clientes a los que va dirigido, por lo que se entiende que una parte del negocio será minorista.
Queremos saber en qué consiste; se habla de un centro comercial en toda regla con 400 comercios. En la información se especifica que no competirá con el comercio local pero a continuación se afirma que los 6 millones de turistas que nos visitan son los potenciales clientes. Si los turistas pueden comprar, está claro que es comercio minorista.
En caso de ser destinadas exclusivamente al sector mayorista de exportación, deberían asegurar legal y administrativamente que en ningún momento tuviera apertura al comercio minorista, con posibles sociedades interpuestas con las que se salten las actuales barreras, fiscales y tributarias manteniendo sus beneficios fiscales y dilatándolos en el tiempo.
En este caso, exigimos que la autoridad portuaria se comprometa a vigilar y mantenernos oportunamente informados de que efectivamente que esta superficie del puerto estará destinada a ser un centro de venta al mayor y sólo con el objetivo de la exportación.
Por último desde esta Federación esperamos que la cordura y la visión de futuro vuelva a la sana intensión que existía hasta ahora por parte de la Autoridad Portuaria de Tenerife de contribuir con el Desarrollo Económico de nuestra Isla y del Archipiélago en general, sin tener que acudir a estas injerencias comerciales y competencia desleal que no facilitan en nada la recuperación económica y limitan toda futura actividad local que se quiera poner en marcha.